La provincia de Alicante es la quinta de España por su aportación al PIB del país, pero el retorno que recibe a cambio en infraestructuras del Gobierno central nos sitúa en el puesto número 36 del ranking nacional. Lo mismo sucede con las inversiones procedentes de la Generalitat Valenciana, siempre más generosas con Valencia y su área metropolitana que con nuestra Área Funcional.
Este hecho, unido a una pésima planificación de las infraestructuras ferroviarias, llevada a cabo por gobiernos de diferente signo, ha conducido a la provincia a una encrucijada de la que sólo el impulso de la sociedad civil de las ciudades de Alicante y Elche nos puede sacar.
