En 1960, el sistema tributario español, basado en la reforma de 1957, se caracterizaba por una recaudación mínima y una alta dependencia de impuestos indirectos y aduaneros. La estructura principal incluía:
Renta de Aduanas: Se convirtió en uno de los principales ingresos ordinarios del Estado tras la liberalización exterior, gravando las importaciones y exportaciones.
Impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal: Reemplazó a la antigua Contribución Industrial, gravando a profesionales y asimilados mediante cuotas fijas o estimación global.
Impuesto sobre las rentas del capital: Gravaba los rendimientos del capital mobiliario.
Impuesto sobre las rentas de Sociedades: Derivado de las antiguas tarifas de Utilidades, aplicaba un tipo único general del 30% con evaluación global de bases.
Impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales: Grava la actividad comercial e industrial, con cuotas de licencia que oscilaban entre 1.500 y 3.500 pesetas para actividades menores.
Impuestos sobre consumos específicos: Incluían gravámenes sobre tabaco, alcohol y otros productos de consumo masivo.
Siempre diré que durante los gobiernos de González y Aznar se estuvo hipotecando el futuro de las siguientes generaciones por el bien del cortoplacismo. Eso sí tampoco podemos culpar a la generación boomer de nada más que ingenuidad en general puesto que esto no fue un accidente. Estaba orquestado punto por punto por la oligarquía española e incluso extranjera. Y de eso las nuevas generaciones somos igual de culpables.
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