En el debate en el Congreso, Salvador Illa negó categóricamente que en España se haya impuesto la vacunación obligatoria contra el COVID-19. Según él, hay una diferencia sustancial entre incentivar a la población a vacunarse y obligarla a hacerlo.
Sin embargo, entre las voces críticas, Macarena Olona no tardó en contradecir esta afirmación. Recordó al entonces Ministro de Sanidad las múltiples acciones legales que se emprendieron contra lo que ella describió como "salvajadas jurídicas" durante aquellos meses. Desde la obligatoriedad de las pruebas PCR ("en aquellos casos en que el paciente ingrese en evidente estado de agitación") hasta la imposición de la vacunación en comunidades autónomas como País Vasco, Galicia, Canarias o Baleares, según ella.
Olona, quien afirma haber sufrido acoso tras publicar su fotografía vacunándose, defendió vehementemente que la ley en España no permite imponer esta decisión a los ciudadanos. Argumentó que, ante una emergencia, sea sanitaria u otra, la respuesta no puede socavar el marco constitucional, sino que debe encontrarse dentro de él. Para ella, los gobernantes que deciden situarse por encima de la ley están cometiendo un atropello a los derechos y libertades de los ciudadanos españoles. Enfatizó la importancia de utilizar el ordenamiento jurídico con estrategia y rigor, y concluyó que nunca puede haber una justificación democrática para tales acciones.
