Será el año en qué se juzgará el uso de las intuiciones policiales -y de dinero público- del Estado, por actores políticos (de su partido), para obstaculizar la acción de la justicia contra la corrupción, el cohecho, el blanqueo de capitales y la malversación de caudales. Pagaría millones (si los tuviera) para decírselo en su cara.
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